23 de julio de 2010

Fuente: Diario Diagonales

La Justicia penal bonaerense no podrá realizar desalojos compulsivos de viviendas en las que habiten menores y deberá notificar al Asesor de Incapaces y a la Defensoría de Menores en turno para que tomen intervención en el caso. Todo, para cumplir con “la protección especial que el derecho internacional de los derechos humanos así como el derecho constitucional reconocen a las personas menores de edad”, según se le en la resolución dictada por la Procuradora General bonaerense, María del Carmen Falbo, a la que accedió Diagonales. La circular 452/10 dictada por la jefa de los fiscales penales fue a raíz de varias presentaciones hechas por el Defensor Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, y del Defensor General de San Nicolás, Gabriel Ganón, quienes pidieron al Ministerio Público Fiscal participar en los procesos de desalojos ante delitos de usurpación de propiedad con el objetivo de garantizar la tutela y defensa de los derechos de los niños establecidos en la normativa legal vigente y en los pactos internaciones a los que el Estado argentino adhirió y tienen rango constitucional.

VIGENCIA. A partir de hoy los fiscales penales y defensores oficiales que tomen parte en los procesos vinculados con la posible comisión de delitos de usurpación de propiedad en los que se dispongan medidas de reintegro del inmueble que puedan afectar los derechos o intereses de personas menores de edad deberán dar parte a la Asesoría de Incapaces y a los defensores juveniles. Según establece la ley, la función de la Asesoría es “peticionar en nombre de los incapaces, por propia iniciativa, cuando carezcan de representantes” y “resulte necesario para impedir la frustración de los derechos a la vida, salud, identidad y de ser oidos por el juez de la causa”. En la práctica esta medida no evita el desalojo, sino que abre una instancia superadora para que los niños tengan derecho a defensa y que se le dé intervención a los municipios y a la Provincia para que encuentren una solución habitacional ante la ejecución de la medida de desalojo. Distintas fuentes consultadas explicaron que “debe quedar en claro que no se trata de derogar el derecho a la propiedad sino de, ante un escenario de choque de intereses entre el privado y el de los niños, se dará prioridad a los más débiles que son los niños y luego se hará la restitución de la propiedad”. Entre los fundamentos de la resolución, la Procuradora Falbo tuvo en cuenta una vasta bibliografía sobre derecho internacional, derechos humanos y pactos económicos, sociales y culturales. Este dictamen salió a la luz tras el violento desalojo que el 30 de abril último sufrieron 50 vecinos de Gorina y del procedimiento similar que a principio de junio pasado se iba a realizar en Arturo Segui pero que fue frenado por una medida de no innovar dictada por la justicia local. Tras varios trámites judiciales y un pedido de juicio político al juez penal César Melazo, las familias fueron ubicadas en Melchor Romero.